A inicios de 2019 ¿qué tan seguro es Miami?

Patrulla de la policía

En el imaginario de la gente, Miami ha permanecido por mucho tiempo asociada con un lugar donde el crimen es moneda corriente.

No es, sin embargo, una idea infundada en contra de la Florida. Ciertamente, el éxito de series televisivas como Miami Vice contribuyó a alimentar esa imagen. Pero también la ficción tenía asidero en hechos que no se podían ocultar con facilidad.

Por ejemplo, en su momento el Uniform Crime Reporting del FBI tomó la data de delitos cometidos entre los años 2010-2014 y elaboró una lista de las cien ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. El resultado arrojó que once de ellas pertenecía a dicho estado. Además, el 18 de octubre de 2017 las autoridades locales de Miami Beach decidieron adelantar el horario de cierre de las playas a la diez de la noche, debido al incremento de crímenes reportados a partir de esa hora.  Si a eso se le suma el éxito de series televisivas como Miami Vice no queda la menor duda de que el trabajo por quitarse esa imagen ha de ser largo.

Sin embargo, las estadísticas comienzan a mostrar cambios en esta realidad.  A mediados del 2018, el Departamento de Cumplimiento de la Ley señaló que el crimen había caído en Florida alrededor de un 8%. Así, mientras desde enero hasta julio del 2017 se habían reportado 53,961 crímenes en ese año solo se habían registrado 49,084.

Algo similar ocurre en Miami-Dade. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos A. Giménez, afirmó en su octavo discurso sobre el estado del Condado, emitido el 31 de enero de este año, que los “actos delictivos en general disminuyeron un 6 por ciento: 2,500 incidentes menos”. Esto, para un lugar que según el censo del 2010 tenía un población de 2,496,435 habitantes, implicaría un resultado importante.

La razón pareciera estar en que tanto Rick Scott, gobernador de la Florida, como Giménez han destinado una mayor inversión en materia de vigilancia y protección. En el caso de Scott, se aprobaron 5,200 millones de dólares a la seguridad pública, mientras que Giménez recibió 20 millones por parte de Tallahassee,  aunque se vio en la necesidad de buscar soluciones locales para atender las necesidades porque solo la mitad se le iba en la contratación de nuevos agentes policiales. Esto trajo como consecuencia la incorporación de cien agentes del departamento para proteger las escuelas y nueve equipos de respuesta rápida en caso de existir un tirador que amenace la seguridad del condado en general.

De tal manera que el crimen sigue vivo y coleando como en todas partes, pero no de la manera en la que el hombre común la vivía una década atrás.

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